“LAS REGLAS DEL JUEGO ESTÁN POR CAMBIAR EN REPÚBLICA DOMINICANA: QUÉ PROPONE LA NUEVA LEY DE APUESTAS ”
Por: Genil Cuesta Féliz | laplumaperspicaz. ☆☆☆☆☆.
El Senado retoma un proyecto que busca reorganizar de manera profunda el sector de los juegos de azar, limitar durante una década la apertura de nuevas bancas de loterías y endurecer las sanciones contra las operaciones ilegales. La propuesta también introduce controles para las apuestas digitales y mecanismos de juego responsable.
El Senado retomó el análisis del proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco para regular las actividades relacionadas con las apuestas, las bancas de lotería, las apuestas deportivas, los casinos, las máquinas tragamonedas y los juegos realizados por internet.
La iniciativa no es menor. La Cámara de Diputados la aprobó en julio con modificaciones y la pieza regresó al Senado para que los legisladores conozcan esos cambios.
El proyecto también ha sido objeto de revisión por parte de la Comisión de Hacienda del Senado, que anteriormente había estudiado la propuesta y recibido observaciones de instituciones vinculadas al sector.
Por tanto, hay una precisión fundamental que el ciudadano debe tener presente:
esto sigue siendo un proyecto de ley y no debe presentarse como una legislación definitivamente vigente.
Su contenido puede experimentar nuevas modificaciones durante el proceso legislativo.
¿Por qué el proyecto es tan importante?
La regulación actual del sector de juegos de azar está distribuida entre distintas normas y organismos.
El nuevo proyecto pretende establecer un marco más amplio para la autorización, fiscalización, supervisión y sanción de las actividades relacionadas con los juegos de azar.
La propia Comisión de Hacienda del Senado ha explicado que la iniciativa busca definir con mayor precisión las funciones de fiscalización y control del Estado y establecer reglas para quienes desarrollan, operan o comercializan actividades relacionadas con juegos de azar y apuestas.
Esto significa que la discusión no se limita a las bancas de lotería que aparecen en las calles.
También alcanza el creciente mercado digital.
Diez años sin nuevas licencias para bancas de lotería
Uno de los puntos que más atención ha generado es la propuesta de establecer una veda de diez años para nuevas licencias de bancas de lotería.
El proyecto contempla que durante ese período no se otorguen nuevas licencias para este tipo de establecimientos, con una excepción relacionada con casinos que formen parte de nuevos proyectos hoteleros.
La medida pretende frenar la expansión del número de establecimientos.
Y aquí aparece uno de los debates más importantes.
¿Limitar nuevas bancas resolverá el problema?
No necesariamente.
Cerrar la puerta a nuevas licencias puede evitar que el número de establecimientos continúe creciendo, pero la verdadera eficacia dependerá de la capacidad del Estado para controlar los negocios que ya existen y detectar los que operan ilegalmente.
Una regulación puede ser muy estricta sobre el papel y tener resultados limitados si no existe una fiscalización efectiva.
Por eso, el éxito de la futura legislación no debería medirse solamente por la cantidad de licencias nuevas que se dejen de otorgar.
También debe medirse por la capacidad de las autoridades para saber:
quién opera, dónde opera, bajo qué licencia opera y cuánto dinero mueve.
Sanciones más severas para quienes operen ilegalmente
Otro de los cambios relevantes está relacionado con las sanciones.
Según el proyecto divulgado, el artículo 161 contempla penas de uno a dos años de prisión para quienes operen sin licencia o fuera de los lugares autorizados.
Los artículos 162 y 163 contemplan sanciones de hasta diez años de prisión para infracciones consideradas más graves, entre ellas aquellas relacionadas con el uso de testaferros o la ocultación de ganancias.
Esto representa un cambio importante en el enfoque.
El Estado no estaría concentrándose únicamente en cobrar impuestos o regular establecimientos.
También estaría intentando atacar las estructuras utilizadas para ocultar quién controla determinadas operaciones y de dónde proceden sus recursos.
Un nuevo organismo regulador
El proyecto propone crear la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como organismo autónomo encargado de regular, supervisar y sancionar las actividades del sector.
La creación de una institución especializada plantea una pregunta esencial:
¿Tendrá realmente capacidad para fiscalizar un mercado cada vez más amplio y digitalizado?
La respuesta dependerá de sus recursos humanos, tecnológicos y financieros, además de sus mecanismos de coordinación con otras instituciones del Estado.
Una nueva oficina no garantiza por sí misma una mejor regulación.
Lo importante será que exista capacidad real de supervisión, independencia funcional, transparencia y rendición de cuentas.
Las apuestas por internet entran con mayor fuerza en el debate
Uno de los aspectos más modernos del proyecto es su tratamiento de los juegos de azar por internet.
El proyecto contempla un impuesto del 10 % sobre las ventas brutas de los juegos por internet y establece mecanismos para que las autoridades puedan bloquear dominios y direcciones IP de plataformas que operen sin autorización en República Dominicana.
Esto tiene una enorme importancia porque el juego ya no necesita un local físico.
Una persona puede acceder a una plataforma desde un teléfono móvil en cuestión de segundos.
Eso dificulta la fiscalización tradicional y obliga al Estado a desarrollar mecanismos tecnológicos capaces de identificar operadores autorizados y no autorizados.
El Ministerio de Hacienda y Economía ya cuenta actualmente con una regulación específica para la autorización de operaciones de juegos de azar por internet, lo que demuestra que el componente digital ya forma parte del marco regulatorio existente.
El nuevo proyecto busca llevar esa regulación a un marco legislativo más amplio.
El Sistema Único de Registro
La propuesta también contempla la creación de un Sistema Único de Registro para concentrar información relacionada con las apuestas.
La finalidad es fortalecer el control del sector y contribuir a la prevención del lavado de activos.
Este aspecto merece especial atención.
El movimiento de grandes cantidades de dinero en efectivo y las operaciones de apuestas pueden generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por eso, disponer de información centralizada puede ayudar a las autoridades a detectar patrones inusuales y operaciones que requieran investigación.
Pero nuevamente surge un desafío:
tener información no es suficiente; hay que saber utilizarla.
Distancia de escuelas, hospitales e iglesias
Otro punto que puede tener impacto directo en las comunidades es la regulación de la ubicación de los establecimientos.
El proyecto establece que determinados locales de apuestas no podrán instalarse a menos de 500 metros de escuelas, hospitales e iglesias.
Para las bancas de lotería, la distancia prevista sería de 200 metros.
La medida plantea una discusión social importante.
Durante años, el crecimiento de establecimientos de apuestas en zonas residenciales ha generado preocupación entre familias y organizaciones comunitarias.
La pregunta ahora será cómo se determinarán las distancias, quién las medirá y qué ocurrirá con los establecimientos existentes.
Una norma de distancia necesita un sistema claro de medición, fiscalización y cumplimiento.
¿Qué ocurrirá con las bancas que ya existen?
Este puede convertirse en uno de los puntos más delicados.
Una cosa es impedir nuevas licencias y otra muy diferente es reorganizar los establecimientos que ya están operando.
El proyecto debe ser aplicado de manera que permita determinar cuáles negocios cumplen con la legislación, cuáles necesitan regularizarse y cuáles deberán dejar de operar.
El Estado también tendrá que considerar los efectos económicos de cualquier proceso de reordenamiento.
Las bancas generan empleos directos e indirectos y forman parte de una actividad económica que mueve recursos importantes.
Por eso, una regulación eficaz debe buscar un equilibrio entre control, legalidad, recaudación, protección social y realidad económica.
Máquinas tragamonedas: una nueva regla para los jugadores
El proyecto también plantea disposiciones para las máquinas tragamonedas.
Según el contenido divulgado, estas deberán devolver a los jugadores al menos el 85 % de lo apostado, mientras que se establece un máximo de 15 máquinas por banca de apuestas deportivas.
Esta disposición busca establecer parámetros sobre el funcionamiento de estos equipos.
Sin embargo, para que una regla de este tipo tenga valor práctico será indispensable que existan mecanismos técnicos de verificación.
El Estado deberá poder comprobar que las máquinas cumplen con los porcentajes establecidos y que los operadores no manipulan los sistemas.
Juego responsable y autoexclusión
La discusión legislativa también coincide con un tema que está cobrando mayor importancia: el juego responsable.
El Ministerio de Hacienda y Economía ya publicó en mayo de 2026 una resolución que establece normas para promover el juego responsable y crea un Sistema Nacional de Autoexclusión.
Esto introduce una perspectiva diferente.
Regular los juegos de azar no consiste únicamente en saber quién paga impuestos.
También implica reconocer que algunas personas pueden desarrollar comportamientos problemáticos relacionados con el juego.
Un sistema de autoexclusión puede ofrecer una herramienta para quienes voluntariamente quieran restringir su acceso a determinados establecimientos o servicios.
La futura legislación tendría la oportunidad de fortalecer este enfoque.
La regulación no debe convertir el juego en algo más atractivo
Aquí existe un desafío delicado.
El Estado debe regular una actividad que genera ingresos fiscales, pero al mismo tiempo debe evitar que las políticas públicas terminen incentivando el consumo excesivo.
Por eso, una regulación moderna debería poner especial atención en:
- publicidad responsable;
- protección de menores;
- prevención de la ludopatía;
- transparencia de las probabilidades;
- identificación de jugadores cuando corresponda;
- límites y mecanismos de autoexclusión;
- prevención del lavado de activos;
- control de plataformas digitales.
Recaudar impuestos no puede ser el único objetivo de una política pública sobre juegos de azar.
El problema de los menores de edad
La presencia de establecimientos de apuestas cerca de centros educativos genera preocupación precisamente por este motivo.
Aunque la responsabilidad de impedir que los menores participen corresponde a los operadores y a las autoridades fiscalizadoras, la ubicación física y la exposición constante a publicidad también forman parte del debate.
La regulación debe buscar que los menores no sean tratados como potenciales consumidores.
Esto adquiere todavía más importancia en el mundo digital, donde un teléfono puede convertir una habitación de la casa en una puerta de entrada a una plataforma de apuestas.
La protección de los menores no puede terminar en la puerta de una banca.
También debe existir en internet.
¿Qué significa el proyecto para los jugadores?
Para una persona que apuesta ocasionalmente, algunas disposiciones pueden pasar desapercibidas.
Pero una regulación más estricta podría generar cambios en la manera de operar de los establecimientos y plataformas.
El jugador debería beneficiarse de mayor transparencia.
Debe saber:
quién está autorizado, cuáles son las reglas, cuánto puede ganar, cuánto puede perder y qué mecanismos existen para reclamar.
La legalidad del operador también debería ser fácilmente verificable.
En el mundo digital, esto será todavía más importante.
¿Y qué significa para los dueños de bancas?
Para los propietarios y operadores, el proyecto puede significar mayores obligaciones.
La actividad podría quedar sometida a controles más estrictos, requisitos de operación, restricciones de ubicación, mecanismos de registro y sanciones más severas.
Esto puede elevar los costos de cumplimiento.
Pero también puede generar una ventaja para los operadores legales.
Si el Estado consigue reducir significativamente la competencia ilegal, quienes cumplen las reglas podrían operar en un mercado más ordenado.
La regulación no necesariamente debe verse como enemiga del sector formal; puede convertirse en una herramienta para separar a los operadores legales de quienes actúan al margen de la ley.
Una ley no funcionará sin fiscalización
Esta es probablemente la mayor enseñanza de todo el debate.
República Dominicana ha tenido durante años normas, resoluciones y planes de regularización relacionados con las bancas.
De hecho, el Gobierno reactivó en marzo de 2026 el plan regulatorio de bancas de lotería, puntos de venta, agencias y bancas de apuestas mediante el Decreto 197-26.
Eso demuestra que el problema no se resuelve simplemente creando otra norma.
La gran pregunta es:
¿Cómo se garantizará que la nueva legislación sea cumplida?
Porque una ley puede establecer una distancia de 200 metros.
Puede imponer una sanción de diez años.
Puede crear una nueva institución.
Puede establecer un sistema digital.
Pero si no existe fiscalización efectiva, el problema continuará.
El Congreso tiene ahora una oportunidad
El proyecto regresó al Senado después de las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados.
Eso significa que los legisladores todavía tienen la oportunidad de revisar cuidadosamente el contenido, escuchar a los sectores involucrados y corregir posibles vacíos antes de convertirlo en ley.
La Comisión de Hacienda del Senado ya había señalado que las observaciones de instituciones relacionadas con el sector fueron tomadas en cuenta durante el estudio de la iniciativa.
La discusión debe ser amplia.
Pero también debe evitar que los intereses económicos de cualquier sector estén por encima del interés público.
¿Qué debería buscar una buena ley de juegos de azar?
Una legislación moderna debería alcanzar al menos cinco objetivos:
Primero: controlar eficazmente la expansión desordenada de los establecimientos.
Segundo: combatir las operaciones ilegales y el uso de estructuras destinadas a ocultar beneficiarios o ganancias.
Tercero: proteger a los menores y a las personas vulnerables frente a los riesgos del juego.
Cuarto: garantizar que los operadores legales compitan bajo reglas claras.
Quinto: utilizar la tecnología para supervisar un mercado que ya no funciona únicamente en establecimientos físicos.
Si la futura ley logra esos cinco objetivos, podría convertirse en una herramienta importante de modernización institucional.
El riesgo de que la regulación quede en el papel
El mayor enemigo de esta reforma no necesariamente será la oposición política.
Puede ser la falta de aplicación.
Una legislación excelente puede fracasar si las instituciones carecen de recursos para aplicarla.
Por eso, el debate debe incluir preguntas sobre presupuesto, personal, tecnología, inspecciones, coordinación institucional y mecanismos de denuncia.
La ciudadanía debe saber también dónde denunciar una operación ilegal y qué respuesta puede esperar.
La regulación empieza en el Congreso, pero se demuestra en la calle y en internet.
Una reforma que debe mirar al futuro
El mercado de los juegos de azar está cambiando.
Las bancas físicas continúan siendo visibles, pero las plataformas digitales permiten apostar desde teléfonos, computadoras y otros dispositivos.
Eso significa que una legislación diseñada únicamente para controlar locales físicos quedaría rápidamente desactualizada.
La República Dominicana necesita una regulación capaz de adaptarse a nuevas tecnologías sin dejar espacios para la informalidad.
Y también necesita garantizar que la innovación no se convierta en una vía para evadir impuestos, controles o medidas de protección.
Reflexión de La Pluma Perspicaz
La discusión sobre las bancas de lotería suele dividir a la sociedad entre quienes defienden una actividad económica que genera empleos e impuestos y quienes consideran que su expansión tiene consecuencias sociales que deben ser contenidas.
Pero quizás el debate debería plantearse de otra manera.
No se trata de escoger entre economía y protección social.
Se trata de construir una regulación capaz de proteger ambas cosas.
El Estado tiene derecho a recaudar impuestos.
Los empresarios tienen derecho a desarrollar actividades lícitas.
Los trabajadores tienen derecho a conservar sus empleos.
Pero los ciudadanos también tienen derecho a vivir en comunidades donde no exista una exposición descontrolada a establecimientos de apuestas.
Los menores tienen derecho a ser protegidos.
Y quienes desarrollan una conducta problemática frente al juego tienen derecho a encontrar mecanismos de ayuda y protección.
Desde La Pluma Perspicaz, entendemos que una buena ley no es la que castiga más fuerte.
Es la que logra prevenir, ordenar, fiscalizar y proteger.
Si el Congreso consigue convertir este proyecto en una legislación moderna, transparente y aplicable, el país habrá dado un paso importante.
Pero si solamente se aprueban nuevas sanciones sin fortalecer la capacidad de supervisión, corremos el riesgo de crear una ley muy severa que termine siendo poco efectiva.
La verdadera reforma comenzará el día después de su promulgación.
Conclusión
El proyecto de ley que regula los juegos de azar representa una oportunidad para ordenar un sector que durante años ha generado debates por la proliferación de bancas, las operaciones ilegales, las apuestas digitales y los riesgos asociados al juego problemático.
La propuesta incluye medidas de gran impacto: una pausa de diez años para nuevas licencias de bancas de lotería, sanciones de prisión para operaciones ilegales, creación de una Dirección General de Juegos de Azar, controles sobre las plataformas digitales, un Sistema Único de Registro y restricciones sobre la ubicación de determinados establecimientos.
Sin embargo, todavía no es una ley definitiva y el contenido puede continuar modificándose durante el proceso legislativo.
El desafío para los legisladores será encontrar el equilibrio entre regulación, actividad económica, recaudación fiscal, competencia, protección de los ciudadanos y juego responsable.
Y para el Estado habrá un desafío todavía mayor:
hacer que la ley se cumpla.
Porque una República Dominicana mejor regulada no será aquella que tenga más leyes sobre el papel.
Será aquella donde las leyes puedan hacerse cumplir de manera efectiva, transparente y justa.
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