Por: Genil Cuesta Féliz | laplumaperspicaz. ☆☆☆☆☆.
EL VERDADERO ÉXITO SERÁ CUANDO NADIE TENGA QUE PEDIR LO QUE EL ESTADO YA SABE QUE NECESITA. 》》》.
Las nuevas pensiones solidarias abren una oportunidad para convertir la protección de los adultos mayores y las personas vulnerables en una política de Estado más automática, digna y permanente
Hay noticias que pueden parecer pequeñas cuando se miran solamente desde el número.
2,500 personas recibirán una pensión solidaria de RD$6,000 mensuales.
Pero detrás de esa cifra hay 2,500 historias humanas.
Hay personas que llegaron a la vejez sin una pensión contributiva suficiente. Personas con discapacidad. Familias que durante años han tenido que enfrentar necesidades económicas sin contar con un ingreso mensual garantizado.
Por eso, la noticia no debería comenzar preguntando si RD$6,000 son mucho o poco.
La pregunta debería ser otra:
¿Cómo puede República Dominicana convertir estos RD$6,000 en el comienzo de una protección social cada vez más amplia y digna para sus ciudadanos vulnerables?
Porque cuando una persona no recibe ningún ingreso fijo y comienza a recibir una pensión mensual, el primer paso tiene un valor que no debe despreciarse.
Y precisamente porque es un primer paso, el país tiene derecho a pensar en el segundo.
RD$6,000 no son el final: son un punto de partida
El Gobierno dominicano anunció recientemente nuevas pensiones solidarias para 2,500 personas por vejez y discapacidad, con un monto mensual de RD$6,000. El pago será ejecutado a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), mientras que en los casos de discapacidad el CONADIS participa en la gestión correspondiente.
El monto no debe analizarse únicamente desde una perspectiva matemática.
Para alguien que no tenía ningún ingreso mensual, esos RD$6,000 pueden significar alimentos, transporte, parte de una factura, ayuda para comprar medicamentos o simplemente la tranquilidad de saber que cada mes llegará un pequeño ingreso.
Eso tiene valor.
Pero también es evidente que una persona no puede resolver todas sus necesidades con facilidad utilizando únicamente RD$6,000 mensuales.
Y decirlo no significa descalificar la medida.
Significa reconocer que toda política social debe crecer junto con las necesidades de la población.
Una pensión puede comenzar siendo pequeña y convertirse con el tiempo en una protección más sólida.
El verdadero desafío es que el primer paso no sea también el último.
No son solamente 2,500 personas
Aquí existe una confusión que puede producirse fácilmente al leer la noticia.
Las 2,500 personas anunciadas ahora son nuevos beneficiarios de esta asignación, no el total de personas que reciben pensiones solidarias en República Dominicana.
El sistema lleva varios años ampliándose.
El Consejo Nacional de Seguridad Social informó que entre agosto de 2020 y diciembre de 2024 se otorgaron 59,703 pensiones solidarias durante el primer cuatrienio del Gobierno de Luis Abinader. A esa cifra se sumaron otras 7,925 pensiones solidarias durante los primeros cuatro meses de 2025.
Eso significa que estamos hablando de decenas de miles de personas, no de 2,500.
Y esa realidad cambia completamente la dimensión de la discusión.
Ya no estamos hablando solamente de una ayuda puntual.
Estamos hablando de una política pública que puede convertirse en uno de los instrumentos más importantes de protección social para la población vulnerable.
Una política que puede sobrevivir a los gobiernos
Las pensiones solidarias no deberían pertenecer a un presidente.
Ni a un partido político.
Ni a una administración determinada.
Pertenecen al Estado dominicano y a la sociedad.
Un Gobierno puede iniciar un programa.
Otro puede ampliarlo.
Otro puede mejorar su sistema de identificación.
Otro puede aumentar el monto.
Pero la protección social debe permanecer.
Ese es precisamente el punto en el que República Dominicana tiene una oportunidad histórica.
En lugar de discutir cada cierto tiempo cuántas pensiones nuevas se entregaron, el país podría construir un sistema capaz de identificar permanentemente quiénes tienen derecho a recibirlas.
¿Por qué una persona vulnerable tiene que descubrir que tiene derecho a una pensión?
Esta es quizás la pregunta más importante que debería hacerse el Estado.
Actualmente, CONAPE establece entre los requisitos para gestionar una pensión solidaria tener 60 años o más, ser ciudadano dominicano y cumplir con las condiciones establecidas en la Ley 87-01 para este tipo de pensión.
Pero imaginemos un sistema diferente.
Una persona cumple 60 años.
El Estado ya sabe quién es.
Tiene su cédula.
Conoce su lugar de residencia.
Existen registros sociales.
Existen mecanismos de evaluación socioeconómica.
Existen instituciones como SIUBEN, CONAPE, CONADIS y la propia estructura de seguridad social.
Entonces surge una pregunta sencilla:
¿Por qué no puede el Estado identificar automáticamente a esa persona y verificar si reúne las condiciones para una pensión solidaria?
No significa entregar dinero indiscriminadamente a todo ciudadano que cumpla 60 años.
Eso sería contrario a los criterios establecidos para las pensiones solidarias.
Significa algo diferente:
Que el Estado no espere a que el ciudadano vulnerable tenga que descubrir, solicitar y perseguir un beneficio que ya está contemplado por la legislación.
Una pensión casi automática, pero con evaluación social
La propuesta merece precisión.
No se trata de decir:
“Toda persona que cumpla 60 años debe recibir automáticamente RD$6,000.”
La ley establece condiciones adicionales relacionadas con la situación económica y social del beneficiario.
Por tanto, la propuesta debería ser:
Cuando un ciudadano alcance la edad establecida, el Estado debería iniciar de oficio una evaluación de elegibilidad.
Si cumple los requisitos, el proceso de otorgamiento debería comenzar automáticamente.
El ciudadano no tendría que recorrer múltiples oficinas preguntando:
“¿Tengo derecho a una pensión?”
El propio Estado debería informarle:
“Usted ha sido identificado como potencial beneficiario. Estamos verificando su situación para determinar si cumple los requisitos de la pensión solidaria.”
Ese pequeño cambio podría representar una enorme transformación administrativa.
Del Estado que espera al Estado que identifica
Durante mucho tiempo, muchas políticas públicas han funcionado bajo una lógica sencilla:
el ciudadano solicita y el Estado responde.
Pero la tecnología permite hacer algo diferente.
El Estado moderno puede identificar necesidades antes de que el ciudadano tenga que tocar una puerta.
Esto puede aplicarse a pensiones, discapacidad, ayudas sociales, vacunación, educación, alimentación y otros servicios.
La administración pública del futuro debería ser menos burocrática y más inteligente.
No esperar siempre a que el ciudadano llegue.
Ir hacia el ciudadano.
El papel que debería desempeñar el Congreso
Aquí aparece una propuesta que merece ser discutida seriamente por los legisladores.
El Congreso Nacional podría estudiar una modificación del marco legal para establecer un mecanismo de identificación y evaluación automática de potenciales beneficiarios de pensiones solidarias.
No para eliminar los requisitos.
Sino para reducir la burocracia.
La ley podría establecer que, al alcanzar la edad mínima correspondiente, las instituciones públicas competentes crucen información y determinen quiénes podrían cumplir las condiciones económicas y sociales.
Posteriormente, el ciudadano sería notificado y tendría la oportunidad de confirmar o completar la información necesaria.
Eso convertiría la pensión solidaria en un sistema mucho más cercano al ciudadano.
Y los RD$6,000 también deben evolucionar
La propia Ley 87-01 establece que las pensiones solidarias tienen un monto equivalente al 60 % del salario mínimo público e incluyen una pensión extra de Navidad.
Eso significa que el debate sobre el monto no debería reducirse a si RD$6,000 son suficientes hoy.
La discusión debe ser más amplia:
¿Cómo garantizar que el valor real de la pensión se mantenga en el tiempo?
Una persona que recibe una cantidad determinada hoy enfrenta precios diferentes a los que encontrará dentro de cinco años.
Por eso, la protección social debe tener mecanismos de actualización y sostenibilidad.
La pensión de hoy puede ser RD$6,000.
Mañana podría ser mayor.
Y en el futuro otro gobierno podría mejorarla nuevamente.
Lo importante es que exista una estructura que permita que el beneficio evolucione.
No todo debe resolverse aumentando dinero
Hay otro aspecto que muchas veces queda fuera de la discusión.
Una persona mayor vulnerable no necesita únicamente dinero.
También puede necesitar:
- atención médica;
- medicamentos;
- alimentación;
- transporte;
- vivienda segura;
- acompañamiento;
- acceso a servicios públicos;
- asistencia social;
- espacios comunitarios;
- protección frente al abandono.
Por eso, una política moderna para los adultos mayores debería combinar pensión + servicios sociales.
Los RD$6,000 pueden ser el ingreso.
Pero alrededor de ese ingreso debe existir una red de protección.
La pensión también combate la pobreza
La expansión de las pensiones solidarias no es solamente una política de vejez.
También puede ser una política contra la pobreza.
La propia DGJP ha citado un estudio de la CEPAL según el cual ampliar las pensiones solidarias podría reducir la pobreza general del país hasta en 6.5 puntos porcentuales.
Eso convierte la discusión en algo mucho más grande.
Cuando el Estado entrega una pensión a una persona vulnerable, el dinero no desaparece.
En la mayoría de los casos termina circulando en la economía local.
Se utiliza para comprar alimentos.
Pagar transporte.
Comprar medicamentos.
Ayudar a familiares.
Pagar servicios.
Es decir, una pensión también puede convertirse en una pequeña inyección económica para las comunidades.
La dignidad no tiene edad
Hay una razón todavía más profunda para fortalecer este sistema.
Una sociedad se mide también por la manera en que trata a quienes ya no tienen la misma capacidad para trabajar.
Una persona puede haber trabajado toda su vida sin haber podido acumular una pensión suficiente.
Puede haber dedicado décadas al trabajo informal.
Puede haber cuidado una familia.
Puede haber vivido en condiciones económicas difíciles.
Puede haber adquirido una discapacidad.
Y puede llegar a los 60 años sin una fuente estable de ingresos.
La pregunta que debe hacerse la sociedad no es:
“¿Cuánto produjo esa persona?”
Sino:
“¿Qué protección merece una persona que llega a una etapa vulnerable de su vida?”
La respuesta debería estar relacionada con la dignidad.
Una propuesta de cinco pasos
República Dominicana podría avanzar hacia un modelo más moderno de pensiones solidarias mediante cinco pasos:
1. Identificación automática.
Al alcanzar la edad establecida por la legislación, el Estado identifica a los ciudadanos potencialmente elegibles.
2. Evaluación socioeconómica de oficio.
Las instituciones competentes verifican si la persona cumple las condiciones económicas y sociales.
3. Notificación al ciudadano.
Si existe elegibilidad, el Estado informa al ciudadano y solicita únicamente la documentación que realmente sea indispensable.
4. Otorgamiento oportuno.
Una vez comprobados los requisitos, la pensión debe comenzar sin procesos innecesariamente prolongados.
5. Actualización periódica.
El monto debe mantenerse acorde con los mecanismos establecidos por la legislación y con la evolución económica del país.
Ese sistema sería más humano, más eficiente y menos burocrático.
El próximo presidente debería recibir una política, no un problema
Aquí aparece otra idea fundamental.
El próximo mandatario no debería comenzar desde cero.
Debería recibir un sistema de pensiones solidarias funcionando y tener la responsabilidad de mejorarlo.
Si hoy se incorporan 2,500 personas, mañana otro Gobierno puede incorporar otras 5,000.
Después otro puede ampliar el monto.
Y otro puede perfeccionar la identificación.
Así se construye una política de Estado.
No destruyendo lo anterior para colocarle un nuevo nombre, sino mejorándolo.
El verdadero éxito será cuando nadie tenga que pedir lo que el Estado ya sabe que necesita
La modernización de las pensiones solidarias debería perseguir un objetivo sencillo:
Que una persona vulnerable no tenga que enterarse por casualidad de que existe un beneficio.
Que no tenga que depender de que un funcionario le diga dónde ir.
Que no tenga que recorrer oficinas.
Que no tenga que pedir favores.
Que no tenga que esperar años.
Que el Estado pueda encontrarla.
Que pueda evaluarla.
Y que, si cumple los requisitos, pueda reconocerle su derecho con rapidez y dignidad.
Eso sería mucho más que una pensión.
Sería una nueva relación entre el Estado y el ciudadano.
LA REFLEXIÓN DE LA PLUMA PERSPICAZ. COM
Los RD$6,000 no deberían convertirse en motivo de una discusión política sobre si son suficientes o insuficientes.
Son un comienzo.
Y todo comienzo merece ser valorado por lo que representa y, al mismo tiempo, juzgado por lo que puede llegar a convertirse.
Para una persona que nunca tuvo una pensión, recibir RD$6,000 cada mes puede significar una diferencia importante.
Pero precisamente porque esa ayuda tiene valor, República Dominicana debe preguntarse cómo hacerla más fuerte.
El país no debería esperar a que una persona vulnerable llegue a una oficina para descubrir si tiene derecho a una pensión.
El Estado moderno debería ser capaz de identificarla.
No para regalarle algo.
Para reconocerle un derecho cuando cumpla las condiciones establecidas.
La tecnología ya permite cruzar información.
Las instituciones ya existen.
La legislación ya contempla las pensiones solidarias.
Y la experiencia acumulada demuestra que el programa puede crecer.
Ahora falta dar el siguiente paso.
Que el Estado pase de ser un Estado que espera solicitudes a convertirse en un Estado que identifica necesidades.
Que el Congreso estudie cómo reducir la burocracia.
Que los gobiernos futuros mantengan y mejoren el programa.
Y que cada aumento de la pensión sea entendido como una inversión en dignidad y protección social, no simplemente como un gasto público.
Porque ningún ciudadano debería llegar a la vejez sintiendo que se convirtió en invisible para el país donde nació.
En Conclusión: comenzar también es construir
Las 2,500 nuevas pensiones solidarias anunciadas en agosto de 2026 representan solamente una parte de una política que ya alcanza a decenas de miles de dominicanos.
La noticia merece ser reconocida.
Pero también merece abrir una conversación más profunda.
¿Cuál debe ser el próximo paso?
El próximo paso podría ser construir un sistema donde el ciudadano vulnerable no tenga que perseguir al Estado.
Un sistema donde cumplir la edad establecida active una evaluación.
Donde las instituciones compartan información de manera legal y segura.
Donde los requisitos se comprueben sin convertir el proceso en una carrera de obstáculos.
Donde las pensiones se mantengan actualizadas.
Y donde cada gobierno tenga la obligación moral e institucional de mejorar lo que recibió.
RD$6,000 pueden ser el comienzo.
No tienen que ser el final.
El verdadero objetivo debería ser que, dentro de algunos años, cuando un dominicano llegue a la vejez, pueda mirar hacia su Estado y saber que no está solo.
Porque una nación no demuestra su grandeza solamente construyendo carreteras, hospitales o edificios.
También la demuestra cuando protege a quien ya no puede protegerse económicamente por sí mismo.
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