EL MODELO ELÉCTRICO QUE REPÚBLICA DOMINICANA NECESITA: para acabar con los apagones y lograr una tarifa justa

 

Por: Genil Cuesta Féliz | laplumaperspicaz.       

La solución no está solamente en producir más electricidad: el país necesita transformar la generación, la transmisión, la distribución, las pérdidas, la regulación y la forma en que se subsidia la factura eléctrica

el problema eléctrico no se resuelve solamente encendiendo más plantas

Pocos problemas afectan diariamente a tantos dominicanos como el servicio eléctrico.

Cuando se produce un apagón, la discusión suele comenzar con una pregunta sencilla: ¿por qué se fue la luz?

Pero el verdadero problema es mucho más profundo.

República Dominicana ha aumentado considerablemente su capacidad de generación, ha incorporado energía solar y eólica, ha ampliado su infraestructura y ha conseguido atender niveles de demanda que hace pocos años parecían extraordinarios.

Sin embargo, persiste una contradicción que el país no puede seguir ignorando: se produce cada vez más electricidad, pero una parte demasiado elevada de esa energía se pierde antes de convertirse en ingresos suficientes para sostener un servicio eficiente.

El primer semestre de 2026 ofrece una señal preocupante: las empresas distribuidoras registraron pérdidas equivalentes al 39.1 % de la energía adquirida, de acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas citados en septiembre de 2026. EDEESTE registró 55.9 %, EDESUR 32.2 % y EDENORTE 26 %. [1]

Esto significa que el gran desafío dominicano ya no consiste únicamente en construir nuevas plantas.

El desafío es construir un sistema eléctrico completo que sea capaz de producir, transportar, distribuir, cobrar y prestar un servicio de calidad.

¿Qué está ocurriendo realmente?

La República Dominicana posee un Sistema Eléctrico Nacional Interconectado —SENI— que reúne generación, transmisión y distribución.

En términos sencillos:

Generación → Transmisión → Distribución → Usuario

Si cualquiera de esos cuatro componentes falla, el consumidor termina pagando las consecuencias.

Durante los últimos años, la generación ha experimentado una transformación importante. El país redujo considerablemente su dependencia de derivados del petróleo y aumentó la participación del gas natural, mientras las energías renovables han adquirido un peso creciente.

En 2025, el SENI recibió 23,868.5 GWh de energía, 3.5 % más que en 2024. Las energías renovables no convencionales —solar, eólica y biomasa— representaron 15.7 % de la matriz de generación, con un crecimiento de 36.5 % respecto al año anterior. [2]

Pero la demanda también está creciendo rápidamente.

En julio de 2026 el sistema rompió sucesivamente varios récords de demanda, hasta alcanzar 4,330.80 MW. El propio Ministerio de Energía y Minas reconoció que las proyecciones podían quedarse cortas ante el crecimiento del consumo. [3]

Por tanto, República Dominicana enfrenta simultáneamente dos realidades:

más demanda y más generación, pero también enormes pérdidas en distribución.

Y ahí está una de las claves del problema.

El país no puede confundir generación con servicio eléctrico

Construir una planta eléctrica no significa automáticamente que una familia recibirá electricidad confiable.

Una planta puede producir electricidad perfectamente y, sin embargo, esa energía puede no llegar adecuadamente al consumidor por problemas en:

• transformadores;
• redes de media tensión;
• redes de baja tensión;
• subestaciones;
• conductores;
• conexiones ilegales;
• medición deficiente;
• sobrecargas;
• mantenimiento;
• gestión comercial;
• falta de inversión;
• averías;
• fenómenos atmosféricos.

Por eso, la política eléctrica dominicana debe dejar de concentrarse exclusivamente en cuántos megavatios nuevos se agregan.

La pregunta correcta debe ser:

¿Cuántos megavatios confiables llegan al consumidor y cuánto cuesta realmente entregarlos?

El gran enemigo silencioso: las pérdidas eléctricas

Las pérdidas son probablemente el problema estructural más importante de la distribución dominicana.

No todas las pérdidas significan lo mismo.

Existen pérdidas técnicas, provocadas por la propia física de transportar electricidad: resistencia de los conductores, transformación, calentamiento y otros fenómenos.

Pero también existen pérdidas comerciales, relacionadas con electricidad consumida que no termina convirtiéndose adecuadamente en ingresos: fraude, conexiones ilegales, medición deficiente, errores comerciales y energía facturada que no se cobra.

El problema dominicano es que ambas categorías han alcanzado niveles demasiado elevados.

Para entender su gravedad basta una comparación sencilla:

Si una distribuidora compra 100 unidades de electricidad y solamente logra convertir aproximadamente 61 en energía comercialmente recuperada cuando las pérdidas llegan al 39 %, alguien debe asumir el costo de las 39 unidades restantes.

Ese alguien termina siendo, directa o indirectamente, el Estado.

Y cuando el Estado cubre persistentemente pérdidas de las distribuidoras, el ciudadano termina pagando dos veces:

primero mediante su factura y después mediante los impuestos que financian las transferencias públicas.

La tarifa no puede ser justa si el sistema no es eficiente

Aquí aparece una discusión que muchas veces se presenta de manera equivocada.

Una tarifa justa no significa necesariamente una tarifa barata.

Significa una tarifa:

• transparente;
• calculable;
• estable;
• comprensible;
• relacionada con costos eficientes;
• supervisada por un regulador independiente;
• acompañada de protección para las familias vulnerables.

El Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico estableció como referencia un sistema eficiente con, entre otros parámetros, 15 % de pérdidas reconocidas, 97 % de cobranzas y 10 % de gastos operativos sobre ingresos. [4]

El problema es evidente: si la realidad de las pérdidas está muy por encima de ese nivel, resulta extremadamente difícil construir una tarifa financieramente sana sin trasladar ineficiencias al consumidor o al presupuesto público.

Por eso la solución no puede consistir simplemente en aumentar la tarifa.

Primero hay que reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia.

¿Debe República Dominicana mantener los subsidios?

Sí, pero deben cambiar de naturaleza.

El subsidio eléctrico puede ser necesario para proteger a las familias de menores ingresos.

Lo que resulta cuestionable es utilizar un subsidio generalizado para esconder ineficiencias estructurales.

El Banco Mundial ha señalado que la reforma del sector debe proteger a los hogares vulnerables mediante mecanismos de subsidio focalizado, mientras se avanza hacia tarifas que reflejen mejor los costos. [5]

República Dominicana ya posee una experiencia importante: BonoLuz, integrado al sistema de protección social.

La lógica correcta es sencilla:

el Estado debe subsidiar al ciudadano vulnerable, no subsidiar indefinidamente la ineficiencia de una empresa.

El modelo eléctrico que República Dominicana necesita

La Pluma Perspicaz propone discutir un modelo basado en ocho pilares fundamentales.

1. Generación diversificada y con reserva suficiente

República Dominicana no debe depender de una sola fuente.

Necesita una combinación inteligente de:

• gas natural;
• energía solar;
• energía eólica;
• hidroeléctrica;
• biomasa;
• almacenamiento mediante baterías;
• otras tecnologías firmes que resulten técnica y económicamente justificables.

El gas natural puede continuar desempeñando un papel importante como fuente de respaldo y estabilidad mientras aumenta la penetración renovable.

Pero el objetivo debe ser que las renovables reduzcan progresivamente la exposición a combustibles importados.

El país ya avanza en esa dirección. El Ministerio de Energía y Minas proyecta que la capacidad renovable no convencional podría alcanzar unos 2,600 MW en 2028. [6]

La clave, sin embargo, no es instalar paneles solares indiscriminadamente.

Es combinar:

renovables + almacenamiento + transmisión + generación de respaldo + gestión inteligente de la demanda.

2. Una red de transmisión preparada para el futuro

No sirve producir electricidad en abundancia si la red no tiene capacidad para transportarla.

La transmisión debe ser diseñada con redundancia.

Eso significa que una falla en una línea importante no debería provocar una interrupción generalizada.

La planificación debe incorporar:

• nuevas líneas;
• subestaciones;
• redundancia;
• protección automática;
• monitoreo digital;
• sistemas de control;
• capacidad para incorporar generación renovable;
• preparación para huracanes y otros eventos extremos.

El país debe avanzar hacia una red capaz de operar con criterios de resiliencia, no simplemente de funcionamiento normal.

3. La verdadera revolución debe producirse en la distribución

Aquí está probablemente la transformación más urgente.

El sistema dominicano necesita pasar de una distribución tradicional a una red eléctrica inteligente.

Eso implica:

Medidores inteligentes

La telemedición permite conocer en tiempo real cuánto consume cada cliente, detectar anomalías y reducir espacios para el fraude.

El BID ha estudiado ampliamente la medición inteligente en América Latina y recomienda desarrollar marcos regulatorios que permitan adaptarla a las necesidades específicas de cada país. [7]

Automatización

Cuando ocurre una avería, el sistema debe identificar dónde ocurrió y aislar el problema automáticamente.

Redes sectorizadas

Los circuitos deben dividirse y monitorearse con precisión.

Así se puede saber:

cuánta energía entra, cuánta se entrega, cuánta se factura y cuánta se pierde.

Transformadores adecuados

Una red sobrecargada produce averías, baja calidad del voltaje y deterioro de equipos.

Por tanto, la inversión debe basarse en datos reales de consumo y crecimiento poblacional.

4. Contratos de gestión con metas obligatorias

Las distribuidoras no deberían ser evaluadas solamente por cuánto dinero reciben del Estado.

Deben ser evaluadas por resultados.

Cada empresa debería tener metas públicas anuales sobre:

• pérdidas;
• cobranza;
• duración de apagones;
• frecuencia de interrupciones;
• tiempo de respuesta;
• calidad del voltaje;
• cantidad de usuarios telemedidos;
• satisfacción del consumidor;
• eficiencia administrativa.

Y esas metas deben tener consecuencias.

Si una empresa mejora:

debe recibir incentivos.

Si incumple:

debe enfrentar penalizaciones regulatorias.

El BID ha encontrado evidencia de que la regulación basada en indicadores de calidad puede mejorar significativamente la continuidad del servicio. En una muestra de 143 distribuidoras latinoamericanas, la duración media de las interrupciones cayó 40 % y la frecuencia 45 % durante el período analizado. [8]

5. Que las pérdidas dejen de ser un negocio para alguien

Este punto es fundamental.

El regulador no debería permitir que una empresa traslade automáticamente al consumidor el costo de pérdidas que superen los niveles eficientes reconocidos.

El BID ha estudiado precisamente este mecanismo: una tarifa basada en desempeño puede hacer que la empresa asuma el costo de las pérdidas excesivas y tenga un incentivo económico directo para reducirlas. [9]

El principio sería:

La tarifa reconoce pérdidas eficientes; la empresa responde por las pérdidas extraordinarias.

Eso cambiaría completamente los incentivos.

6. Una tarifa justa y comprensible

La República Dominicana necesita una estructura tarifaria que cualquier ciudadano pueda entender.

La factura debería explicar claramente:

1. Energía consumida.

2. Costo de generación.

3. Uso de transmisión.

4. Distribución.

5. Cargos regulados.

6. Subsidio recibido, cuando corresponda.

7. Impuestos o cargos adicionales.

El consumidor debe poder saber por qué paga cada peso.

La tarifa social debe concentrarse en los hogares que realmente necesitan protección.

Por ejemplo, podría establecerse una estructura de protección para consumos básicos de hogares vulnerables identificados mediante el sistema social del Estado, mientras los consumos superiores pagan progresivamente una mayor proporción del costo real.

Eso sería mucho más justo que subsidiar indiscriminadamente el consumo de todos.

7. El subsidio debe seguir al ciudadano, no a la ineficiencia

Esta debería ser una de las grandes reformas nacionales.

Si una familia pobre necesita ayuda para pagar la electricidad, el Estado debe proporcionársela.

Pero el dinero no debería utilizarse para ocultar permanentemente las pérdidas de las distribuidoras.

El presupuesto público debe tener una cuenta transparente que permita conocer:

cuánto se subsidia al consumidor y cuánto cuesta corregir las ineficiencias del sistema.

El Presupuesto 2026 contempla recursos para programas de apoyo vinculados a la electricidad, mientras el Gobierno mantiene el esfuerzo de contener el impacto de la factura sobre los hogares. [10]

Pero la protección social debe estar acompañada de una reforma estructural.

De lo contrario, cada año se repetirá la misma pregunta:

¿Cuánto dinero público habrá que poner para que el sistema funcione?

8. Un regulador fuerte, independiente y transparente

No existe un sistema eléctrico moderno sin una regulación fuerte.

La Superintendencia de Electricidad debe tener capacidad efectiva para:

• exigir información;
• auditar costos;
• fiscalizar calidad;
• establecer estándares;
• sancionar incumplimientos;
• proteger al consumidor;
• vigilar las tarifas;
• controlar metodologías;
• publicar indicadores comparables.

La información debe ser pública.

Cada ciudadano debería poder consultar en internet:

¿Cuál distribuidora tiene más pérdidas?

¿Cuál tiene más apagones?

¿Cuál responde más rápido?

¿Cuánto dinero recibe del Estado?

¿Cuánto cobra?

¿Cuánto invierte?

¿Cuánto mejora cada año?

La transparencia debe convertirse en una herramienta de presión ciudadana.

¿Y qué hacer con los apagones?

Primero hay que diferenciar tres situaciones.

Apagón por falta de generación

Se resuelve con suficiente capacidad disponible y reserva.

Apagón por transmisión

Se resuelve con redes robustas, redundancia y automatización.

Apagón por distribución

Se resuelve con inversión en circuitos, transformadores, mantenimiento, medición, reducción de pérdidas y automatización.

Por eso decir simplemente “hay que producir más electricidad” es incompleto.

Es como construir más agua potable sin reparar las tuberías que tienen fugas.

El objetivo no debe ser prometer “cero apagones”

Ningún sistema eléctrico serio puede garantizar que jamás ocurrirá una interrupción.

Un huracán, una avería extraordinaria, un accidente, un incendio o una falla de transmisión pueden provocar cortes.

La meta debe ser mucho más seria:

cero apagones evitables y recuperación automática o extremadamente rápida ante las interrupciones inevitables.

Eso sí es técnicamente alcanzable como objetivo de política pública.

¿Qué están haciendo actualmente las autoridades?

Hay avances que deben reconocerse.

El Gobierno ha ampliado la generación, promovido proyectos renovables, impulsado sistemas de almacenamiento, fortalecido infraestructura y trabajado en nuevas inversiones de transmisión y distribución.

En 2026 el sistema logró responder a niveles de demanda superiores a los 4,300 MW, algo que demuestra que la generación y la operación del SENI han ganado capacidad de respuesta. [3]

También se han anunciado nuevas centrales y proyectos de generación, incluyendo ampliaciones de gas natural, energías renovables y almacenamiento.

El Ministerio de Energía y Minas también ha planteado una visión de largo plazo mediante el Plan Energético Nacional 2025-2038, con una perspectiva que alcanza hasta 2050. [11]

Y en agosto de 2026 el ministro Joel Santos afirmó que el Gobierno no estaba trabajando en ese momento en un aumento de la tarifa eléctrica, sino en aumentar la oferta y reducir las pérdidas. [12]

Son pasos importantes.

Pero todavía no constituyen por sí solos la solución definitiva.

¿Qué falta por hacer?

Falta enfrentar el problema más incómodo:

la distribución.

Mientras las pérdidas permanezcan cercanas al 40 %, será difícil conseguir simultáneamente tres objetivos:

electricidad 24/7 + empresas financieramente sanas + tarifa justa.

Los tres están conectados.

Si se reduce el desperdicio, aumenta la energía efectivamente cobrada.

Si aumenta la cobranza, disminuye la necesidad de transferencias.

Si disminuyen las transferencias, existe mayor espacio fiscal.

Si aumenta la eficiencia, puede mejorar la calidad sin trasladar todo el costo al usuario.

Y si mejora la calidad, aumenta la confianza del ciudadano para pagar.

Es un círculo que puede convertirse en positivo.

Una meta nacional: reducir las pérdidas a la mitad

La República Dominicana debería adoptar una meta nacional verificable.

No como simple discurso.

Una propuesta razonable sería:

2026

Medir con absoluta precisión las pérdidas por circuito y distribuidora.

2027-2028

Reducir agresivamente las pérdidas mediante medición, regularización, infraestructura y persecución del fraude.

2030

Reducir las pérdidas totales hacia niveles cercanos o inferiores al 20 %, sujeto a estudios técnicos por empresa y territorio.

2035

Acercarse progresivamente a estándares internacionales de eficiencia.

Estas cifras son una propuesta de política pública, no metas oficiales vigentes.

Pero establecer objetivos cuantificables permitiría que la sociedad pueda determinar quién cumplió y quién no.

Un nuevo pacto eléctrico: pero esta vez con resultados medibles

República Dominicana ya tiene un Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.

El propio Gobierno ha reconocido la necesidad de retomar y profundizar sus compromisos, y en 2025 planteó incluso la necesidad de revisar la Ley General de Electricidad 125-01 para adaptarla a la realidad tecnológica y energética actual. [13]

La discusión debería abrirse nuevamente.

Pero esta vez con una condición:

cada compromiso debe tener fecha, presupuesto, responsable, indicador y resultado esperado.

No más reformas que solamente puedan medirse por documentos firmados.

La electricidad debe medirse en:

horas de servicio, calidad, pérdidas, pesos ahorrados y satisfacción del consumidor.

¿Qué papel deben jugar las energías renovables?

Un papel central.

Pero tampoco deben convertirse en una nueva solución simplista.

La energía solar puede reducir costos y dependencia de combustibles durante determinadas horas.

La energía eólica puede aportar generación complementaria.

La hidroeléctrica aporta capacidad renovable firme.

La biomasa puede aprovechar residuos.

Las baterías permiten almacenar electricidad y entregarla cuando más se necesita.

La combinación de estas tecnologías puede ayudar a reducir la dependencia de combustibles importados.

Pero para que funcionen a gran escala se necesita una red capaz de absorberlas.

Por eso la transición energética no es solamente una cuestión de instalar paneles.

Es una transformación completa de la red.

También hay que administrar mejor la demanda

El consumidor no puede ser visto solamente como alguien que paga una factura.

Debe convertirse en parte de la solución.

República Dominicana necesita desarrollar programas de:

• eficiencia energética;
• iluminación eficiente;
• equipos de bajo consumo;
• edificios eficientes;
• paneles solares;
• almacenamiento residencial y comercial;
• tarifas horarias;
• gestión de la demanda;
• incentivos para desplazar consumos fuera de las horas de mayor demanda.

El Ministerio de Energía y Minas ya ha comenzado a promover medidas de eficiencia ante los máximos históricos de consumo registrados durante el verano de 2026. [14]

Pero esas medidas deben convertirse en una política permanente.

¿Y la energía nuclear?

La discusión puede estudiarse técnicamente, especialmente porque en septiembre de 2026 el Ministerio de Energía y Minas manifestó interés en analizar la implementación de energía nuclear en el sistema eléctrico nacional.

Pero República Dominicana no debería presentar la energía nuclear como la solución inmediata a los apagones.

Antes de considerar una tecnología de esa magnitud, el país debe resolver problemas mucho más inmediatos:

distribución, pérdidas, transmisión, almacenamiento, regulación, mantenimiento y eficiencia.

Una eventual decisión nuclear requeriría décadas de planificación, regulación especializada, inversión y formación técnica.

No es la respuesta para el problema de los apagones de mañana.

El modelo que propone La Pluma Perspicaz

La República Dominicana necesita evolucionar hacia un:

Modelo eléctrico dominicano de alta confiabilidad, bajas pérdidas y tarifa social focalizada

Sus principios serían:

1. Generación diversificada.

2. Mayor participación renovable.

3. Gas natural como respaldo durante la transición.

4. Almacenamiento energético.

5. Transmisión redundante y resiliente.

6. Distribución digitalizada.

7. Medición inteligente universal progresiva.

8. Pérdidas con metas obligatorias.

9. Empresas distribuidoras evaluadas por resultados.

10. Tarifas transparentes basadas en costos eficientes.

11. Subsidio directo y focalizado a hogares vulnerables.

12. Penalización de las ineficiencias que no sean justificables.

13. Protección efectiva al consumidor.

14. Regulador técnicamente independiente.

15. Información pública y auditable.

16. Planificación energética de largo plazo.

¿Cuánto podría ahorrar el país?

No sería responsable inventar una cifra exacta sin un estudio financiero completo.

Pero la lógica económica es clara.

Cuando una distribuidora compra energía que después no factura o no cobra, necesita recursos adicionales.

Si las pérdidas disminuyen, también disminuye la cantidad de energía que debe financiarse sin ingresos equivalentes.

Por eso, reducir pérdidas puede ser una de las inversiones con mayor retorno económico del sistema eléctrico.

El Banco Interamericano de Desarrollo ha documentado que las pérdidas eléctricas generan costos económicos, sociales y ambientales y afectan la sostenibilidad financiera de los sistemas eléctricos. [15]

La pregunta correcta, por tanto, no es solamente:

¿Cuánto cuesta modernizar la distribución?

También debemos preguntar:

¿Cuánto le cuesta al país no modernizarla?

Las preguntas que debe hacerse el ciudadano

Un ciudadano informado debería exigir respuestas concretas:

¿Cuánto pierde cada distribuidora?

¿Quién paga esas pérdidas?

¿Cuánto dinero público recibe cada año?

¿Cuánto invierte realmente en las redes?

¿Cuántos medidores inteligentes ha instalado?

¿Cuánto duran los apagones por circuito?

¿Cuántas interrupciones experimenta cada usuario?

¿Cuánto cuesta realmente producir un kilovatio-hora?

¿Cuánto cuesta llevarlo hasta una vivienda?

¿Qué parte de la factura corresponde a generación, transmisión y distribución?

¿Cuánto subsidio recibe una familia vulnerable?

¿Cuánto subsidio termina beneficiando indirectamente a hogares que no lo necesitan?

¿Qué ocurre cuando una distribuidora incumple sus metas?

Estas preguntas no son políticas.

Son preguntas de ciudadanía.

Lo que República Dominicana no debería hacer

El país debería evitar cinco errores.

Primero:

Construir generación indefinidamente sin resolver la distribución.

Segundo:

Aumentar tarifas para cubrir pérdidas ineficientes.

Tercero:

Mantener subsidios generales que no distingan entre pobres y consumidores con capacidad de pago.

Cuarto:

Permitir que las metas eléctricas cambien con cada gobierno.

Quinto:

Convertir el sector eléctrico en un instrumento político en lugar de tratarlo como infraestructura estratégica nacional.

La electricidad debe convertirse en política de Estado

República Dominicana ha cambiado profundamente desde la reforma eléctrica de finales del siglo XX.

La economía es mayor.

La población consume más.

El turismo demanda más electricidad.

La industria necesita confiabilidad.

Los hogares utilizan más equipos.

Los vehículos eléctricos comienzan a ganar presencia.

Los centros de datos y nuevas tecnologías aumentarán la demanda.

El clima también está elevando el uso de aire acondicionado.

Por eso el modelo eléctrico diseñado para otra época necesita evolucionar.

El propio Gobierno ha reconocido que administrar el sistema eléctrico del año 2000 es muy diferente de administrar el sistema de 2025 y 2026. [13]

La reforma, por tanto, no puede ser solamente administrativa.

Tiene que ser tecnológica, financiera, social y regulatoria.

Conclusión

República Dominicana no necesita escoger entre electricidad barata y electricidad confiable.

Necesita construir un sistema suficientemente eficiente para que ambas cosas puedan coexistir.

La tarifa justa no será aquella que artificialmente mantenga bajo el precio del kilovatio-hora mientras el Estado acumula déficits.

Tampoco será justa una tarifa elevada que obligue a las familias vulnerables a escoger entre pagar la electricidad y comprar alimentos.

La tarifa verdaderamente justa será aquella que surja de un sistema eficiente, transparente y bien regulado, donde el consumidor pague el costo razonable de un servicio de calidad y donde el Estado proteja directamente a quienes realmente necesitan ayuda.

Y los apagones tampoco desaparecerán simplemente porque se construyan más plantas.

Desaparecerán progresivamente cuando República Dominicana tenga suficiente generación, transmisión robusta, distribución moderna, almacenamiento, medición inteligente, bajas pérdidas, mantenimiento adecuado y empresas obligadas a responder por sus resultados.

El futuro eléctrico dominicano no debe construirse alrededor de la pregunta “¿cuánta electricidad podemos producir?”, sino alrededor de una pregunta mucho más importante:

¿Cómo podemos garantizar electricidad confiable, sostenible y a un precio justo para cada dominicano?

Ese es el verdadero desafío.

LA REFLEXIÓN DE: LAPLUMAPERSPICAZ.COM

Durante décadas, los dominicanos hemos aprendido a convivir con una realidad que nunca debimos aceptar como normal: el apagón.

Hemos comprado inversores, plantas eléctricas, baterías, velas y combustibles. Hemos aprendido a cargar celulares antes de que se vaya la luz y a desconectar equipos para protegerlos cuando regresa.

Pero una sociedad no puede acostumbrarse indefinidamente a resolver de manera individual un problema que corresponde resolver como nación.

La electricidad no es un lujo.

Es educación.

Es salud.

Es seguridad.

Es producción.

Es empleo.

Es comercio.

Es comunicación.

Es desarrollo.

Un hospital sin electricidad confiable está en peligro. Una escuela sin electricidad pierde oportunidades. Un pequeño negocio sin energía pierde dinero. Una familia sin electricidad pierde calidad de vida.

Por eso, la reforma eléctrica dominicana no debería verse únicamente como un asunto de técnicos, economistas o funcionarios.

Es un asunto de país.

República Dominicana necesita pasar de administrar apagones a administrar un sistema eléctrico moderno.

Y para lograrlo no basta con producir más.

Hay que perder menos, cobrar mejor, invertir inteligentemente, subsidiar al que realmente lo necesita, exigir resultados y colocar al ciudadano en el centro de la política energética.

Porque al final de todo, la verdadera medida del sistema eléctrico no está en cuántas plantas aparecen en las estadísticas.

Está en algo mucho más sencillo:

que una familia encienda su bombillo, conecte su abanico, abra su nevera y pueda confiar en que la electricidad estará allí.

La Pluma Perspicaz
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