REPÚBLICA DOMINICANA: ENTRE LA DEUDA Y EL DESORDEN, ¿QUIÉN LE PONE EL FRENO AL ESTADO?

 

 


Por: Genil Cuesta Féliz. | laplumaperspicaz. 



¿NECESITA LA REPÚBLICA DOMINICANA UN CUELLO ISABELINO?


Una deuda pública que crece y un Estado que todavía arrastra fragmentación institucional plantean una pregunta incómoda: ¿quién le pone límites a un país cuando sus propias prácticas comienzan a convertirse en una herida permanente?


Hay imágenes que, aunque nacen de situaciones aparentemente sencillas, pueden convertirse en poderosas metáforas para explicar problemas complejos.

El cuello isabelino es uno de esos ejemplos.

Se coloca a un animal cuando tiene una herida y existe el riesgo de que, al intentar aliviarse, termine agravándola. El collar limita determinados movimientos para impedir que el animal se lastime todavía más mientras la herida cicatriza.

¿Podría utilizarse esa imagen para hablar de la República Dominicana?

No literalmente, por supuesto.

Pero sí como una metáfora de lo que el país necesita frente a dos problemas que durante años han acompañado la administración pública: el endeudamiento recurrente y un aparato estatal que todavía presenta duplicidades, fragmentación y debilidades de coordinación.

La discusión no consiste en afirmar que toda deuda es mala. Ningún Estado moderno funciona sin recurrir al financiamiento. Una deuda puede ser razonable cuando permite construir infraestructura, mejorar la productividad, ampliar servicios esenciales o ejecutar inversiones que aumenten la capacidad futura de la economía.

El verdadero problema comienza cuando endeudarse deja de ser una herramienta extraordinaria para convertirse en una costumbre permanente.

Y también cuando una parte importante de los recursos públicos termina destinada a sostener estructuras, compromisos y gastos que no producen una transformación equivalente para la sociedad.


EL PROBLEMA NO ES SOLO CUÁNTO SE DEBE


La conversación nacional sobre la deuda suele reducirse a una cifra: cuánto debe el Estado.

Pero existe una pregunta todavía más importante:

¿Para qué se está tomando prestado?

El Ministerio de Hacienda y Economía informó que la deuda del Sector Público No Financiero cerró 2025 en aproximadamente 47.9 % del PIB, mientras el déficit fiscal fue de 3.45 % del PIB.

La cifra, por sí sola, no significa que el país esté en una crisis de deuda.

De hecho, las autoridades han destacado que el resultado fiscal de 2025 estuvo dentro de los objetivos de sostenibilidad y que el gasto primario se mantuvo dentro de los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Pero una cifra de deuda cercana a la mitad de la producción anual de la economía tampoco debería ser recibida con indiferencia.

Porque detrás de cada préstamo existe una obligación futura.

Y esa obligación no desaparece cuando cambia un presidente.

Tampoco desaparece cuando cambia un partido.

La deuda pública pertenece al Estado y, en última instancia, la sociedad termina pagando sus intereses y amortizaciones mediante los ingresos que genera la economía y los impuestos que pagan los ciudadanos.

Por eso la pregunta fundamental no debe ser solamente cuánto se ha tomado prestado, sino cuánto de ese financiamiento ha servido para construir un país con mayor capacidad para producir riqueza, generar empleos, mejorar los servicios y reducir las necesidades futuras de endeudamiento.


UNA PRÁCTICA QUE ATRAVIESA GOBIERNOS


El endeudamiento público dominicano no comenzó con la administración actual.

Ha acompañado a diferentes gobiernos y distintas etapas de la historia reciente.

Por eso sería un error convertir esta discusión en una pelea partidista.

El problema es estructural.

Un gobierno puede endeudarse para financiar determinadas necesidades. El siguiente puede recibir una deuda considerable y contratar nuevos financiamientos. Después llegará otra administración y tendrá que pagar las obligaciones heredadas mientras enfrenta nuevas demandas sociales.

Así se puede crear un círculo peligroso:

más necesidades → más gasto → déficit → financiamiento → mayor servicio de deuda → menos espacio presupuestario → nuevas necesidades de financiamiento.

Cuando ese ciclo se prolonga demasiado, el país comienza a dedicar una parte importante de sus recursos a pagar compromisos adquiridos anteriormente.

Y cada peso destinado al servicio de la deuda es un peso que debe competir con otras prioridades del Estado.

No significa que pagar deuda sea un gasto inútil.

Significa que un país que dedica demasiados recursos a pagar decisiones del pasado dispone de menos margen para resolver los problemas del presente y construir el futuro.


EL CUELLO ISABELINO COMO METÁFORA


Aquí aparece nuestra metáfora.

Cuando un animal tiene una herida y existe el peligro de que continúe lastimándose, se le coloca un cuello isabelino.

No se hace para castigarlo.

Se hace para evitar que empeore la situación.

República Dominicana tampoco necesita que se le cierre el paso al desarrollo.

Necesita impedir que determinadas prácticas fiscales e institucionales continúen reproduciéndose sin suficiente control.

El “cuello isabelino” dominicano tendría que representar:

límites al endeudamiento improductivo, controles más rigurosos sobre el gasto, evaluación de resultados, eliminación de duplicidades institucionales, planificación de largo plazo y una verdadera cultura de rendición de cuentas.

No sería una camisa de fuerza.

Sería un mecanismo de protección.


EL DESORDEN INSTITUCIONAL TAMBIÉN CUESTA DINERO


Existe otra parte del problema que recibe menos atención: la organización del Estado.

Un Estado grande no necesariamente es un Estado eficiente.

Y tener muchas instituciones tampoco significa necesariamente tener mejores servicios.

La propia documentación presupuestaria oficial ha reconocido la existencia de fragmentación institucional y duplicidad de funciones en determinadas áreas. En la presentación del Presupuesto de 2025, el Gobierno señaló precisamente la necesidad de reducir gasto corriente derivado de duplicidades y mencionó la fragmentación existente en el sistema educativo.

Esto plantea una pregunta sencilla:

¿Cuántas veces paga el ciudadano por resolver un mismo problema cuando diferentes instituciones tienen responsabilidades que se superponen?

Cuando dos o más organismos realizan funciones parecidas, se multiplican estructuras administrativas, oficinas, cargos, procesos, vehículos, alquileres, sistemas y presupuestos.

Y cada estructura cuesta dinero.

El problema no consiste en tener muchas instituciones simplemente por tenerlas.

El problema aparece cuando la estructura institucional crece más rápido que la capacidad del Estado para coordinarla y medir sus resultados.


UN ESTADO NO SE MIDE POR LA CANTIDAD DE OFICINAS


La eficiencia de un gobierno no debería medirse por la cantidad de ministerios, direcciones generales, consejos, comisiones o dependencias que posee.

Debe medirse por lo que esos organismos consiguen.

Un ciudadano no necesita saber cuántas instituciones existen para resolver un problema.

Necesita saber quién es responsable, dónde debe acudir, cuánto tardará la respuesta y quién responde si el Estado no cumple.

Cuando una persona tiene que visitar varias oficinas para conseguir una solución que debería estar integrada en un solo proceso, existe un problema institucional.

Cuando dos entidades se pasan la responsabilidad una a otra, existe un problema institucional.

Cuando se anuncian proyectos que tardan años en ejecutarse sin una explicación clara, existe un problema institucional.

Cuando una obra pública recibe presupuesto pero no termina a tiempo, también existe un problema de gestión.

Y cuando el ciudadano no consigue identificar quién debe responder por el fracaso, aparece el problema más grave:

la ausencia de responsabilidad.


LA LEY NO PUEDE SER SOLO UN DOCUMENTO


República Dominicana dio un paso importante con la aprobación de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, que establece límites para el crecimiento del gasto primario y busca fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ese marco es importante.

Pero ninguna ley puede resolver por sí sola una cultura administrativa.

La verdadera prueba de una norma no está en su publicación.

Está en su cumplimiento.

El desafío consiste en lograr que la responsabilidad fiscal sobreviva a los gobiernos, a los ciclos electorales y a las presiones políticas.

Porque el endeudamiento puede resultar políticamente atractivo en el corto plazo.

Una obra se inaugura.

Un programa se anuncia.

Una población recibe una solución inmediata.

Pero la factura puede llegar años después.

Y para entonces quizás ya gobierne otra persona.


EL PELIGRO DE GOBERNAR PENSANDO EN EL PRÓXIMO CICLO


Uno de los mayores riesgos de las finanzas públicas es que los gobiernos tengan incentivos para pensar en el corto plazo mientras la deuda se paga en el largo plazo.

El político piensa en las próximas elecciones.

El Estado debería pensar en las próximas generaciones.

Ahí aparece una contradicción.

Una administración puede tener incentivos para aumentar determinadas inversiones o gastos que produzcan resultados visibles inmediatamente, mientras que los costos financieros quedan distribuidos durante muchos años.

Por eso la política fiscal necesita reglas que estén por encima de los intereses coyunturales.

La Ley de Responsabilidad Fiscal representa precisamente un intento de establecer límites institucionales a esa dinámica. El propio Gobierno señaló que el Presupuesto 2025 fue el primero formulado bajo ese nuevo marco y que la regla fiscal busca limitar el crecimiento del gasto primario.

Ahora corresponde observar si esas reglas se convierten realmente en una nueva cultura de administración pública.


¿EN QUÉ DEBERÍA UTILIZARSE LA DEUDA?


La pregunta no debe ser simplemente:

¿Debemos tomar préstamos?

La pregunta correcta es:

¿Qué vamos a construir con ellos y qué capacidad tendrá el país para pagarlos?

Una deuda destinada a infraestructura productiva puede aumentar la capacidad económica.

Una deuda destinada a mejorar el transporte puede reducir costos.

Una deuda destinada a agua potable, saneamiento, energía, salud o educación puede producir beneficios sociales y económicos durante décadas.

Pero una deuda utilizada principalmente para mantener estructuras ineficientes, cubrir déficits recurrentes o financiar gastos que no generan capacidad productiva plantea una preocupación diferente.

Por eso cada nuevo financiamiento debería responder públicamente, con números comprensibles, al menos cinco preguntas:

¿Cuánto cuesta?

¿Cuánto tiempo tardará en pagarse?

¿Para qué se utilizará?

¿Qué beneficio concreto producirá?

¿Cómo se medirá el resultado?

Si el ciudadano no puede obtener respuestas claras, el Estado debería explicar mejor sus decisiones.


EL CIUDADANO TIENE DERECHO A PREGUNTAR


En una democracia, preguntar cuánto se debe no es estar contra el Gobierno.

Preguntar en qué se gasta no es estar contra el Estado.

Preguntar quién es responsable tampoco es una actitud antipatriótica.

Todo lo contrario.

La vigilancia ciudadana es parte de la democracia.

Los dominicanos tienen derecho a saber qué compromisos se están adquiriendo en su nombre.

Tienen derecho a conocer cuánto se paga por intereses.

Tienen derecho a saber cuáles proyectos fueron financiados con deuda y cuáles fueron terminados.

Tienen derecho a conocer cuáles instituciones cumplen sus objetivos y cuáles necesitan ser fusionadas, transformadas o eliminadas.

Y tienen derecho a exigir que cada administración entregue al país algo más que nuevas deudas y nuevos organismos.


¿QUÉ HACER?


República Dominicana no necesita detener su crecimiento.

Necesita mejorar la calidad de ese crecimiento.

Para ello sería necesario profundizar varias reformas:

Primero: establecer una evaluación rigurosa de cada nuevo endeudamiento público.

Segundo: publicar de manera sencilla el destino y resultado de los préstamos contratados.

Tercero: revisar periódicamente las instituciones públicas para identificar duplicidades y funciones superpuestas.

Cuarto: vincular el presupuesto a resultados verificables y no solamente a asignaciones históricas.

Quinto: fortalecer los mecanismos de auditoría, control y rendición de cuentas.

Sexto: establecer consecuencias administrativas cuando los objetivos presupuestarios no se cumplen sin justificación.

Séptimo: proteger las reglas fiscales de las presiones electorales.

Octavo: privilegiar el endeudamiento destinado a inversiones que aumenten la productividad y reduzcan necesidades futuras del Estado.

Y, sobre todo, construir una visión de país que trascienda cuatro años de gobierno.


LAS PREGUNTAS QUE DEBERÍAMOS HACERNOS


Si la deuda pública representa una obligación de todos, entonces algunas preguntas deberían formar parte de la conversación nacional:

¿Cuánto puede endeudarse razonablemente República Dominicana sin comprometer las próximas generaciones?

¿Cuánto dinero público se pierde cada año por ineficiencia, duplicidad o mala planificación?

¿Cuántas instituciones realizan funciones que podrían integrarse?

¿Cuántos proyectos financiados con deuda han cumplido realmente los resultados prometidos?

¿Quién responde cuando una inversión pública no produce el beneficio esperado?

¿Estamos creando riqueza para pagar nuestras deudas o estamos tomando nuevas deudas para mantener el funcionamiento de un Estado que todavía necesita reorganizarse?

Son preguntas incómodas.

Pero precisamente por eso deben formularse.


CONCLUSIÓN


República Dominicana no necesita un cuello isabelino porque esté enferma.

Necesita, metafóricamente, un mecanismo que le impida seguir haciéndose daño mientras fortalece sus instituciones y ordena sus finanzas públicas.

El país ha demostrado capacidad de crecimiento.

Ha desarrollado sectores productivos importantes.

Ha atraído inversión.

Ha construido grandes infraestructuras.

Ha mejorado indicadores sociales en diferentes períodos.

Pero crecimiento económico y fortaleza institucional no son exactamente lo mismo.

Un país puede crecer y, al mismo tiempo, conservar problemas de eficiencia estatal.

Puede construir grandes obras y continuar teniendo instituciones fragmentadas.

Puede aumentar sus ingresos y, al mismo tiempo, aumentar sus compromisos.

Por eso la discusión sobre la deuda no debe convertirse en una guerra entre partidos.

Debe convertirse en una conversación nacional sobre responsabilidad.

Los gobiernos pasan.

La República Dominicana permanece.

Los presidentes terminan sus mandatos.

Los ministros cambian.

Los funcionarios se marchan.

Pero las deudas permanecen.

Y las instituciones que no se reforman también.

La verdadera responsabilidad de una generación gobernante no consiste únicamente en entregar resultados durante su mandato.

Consiste también en no hipotecar innecesariamente las posibilidades de quienes todavía no han llegado al poder ni siquiera han nacido.

El país necesita continuar desarrollándose.

Pero necesita hacerlo con reglas.

Necesita invertir.

Pero necesita evaluar.

Necesita endeudarse cuando sea necesario.

Pero necesita saber exactamente para qué.

Necesita instituciones.

Pero instituciones coordinadas, eficientes y responsables.

Por eso el “cuello isabelino” de esta reflexión no representa una prohibición al desarrollo.

Representa algo mucho más sencillo:

un límite para evitar que el Estado continúe rascando la misma herida.


LA REFLEXIÓN DE: LAPLUMAPERSPICAZ.COM


Un país no se arruina solamente cuando deja de producir.

También puede comenzar a debilitarse cuando se acostumbra a vivir adelantando el dinero del mañana.

La deuda puede ser una herramienta para construir futuro, pero también puede convertirse en una trampa cuando se utiliza sin suficiente disciplina.

República Dominicana tiene derecho a crecer, a construir, a invertir y a soñar con un futuro mejor.

Pero las futuras generaciones también tienen derecho a recibir un país que no solamente tenga carreteras, edificios y grandes proyectos, sino que posea instituciones ordenadas, finanzas responsables y un Estado capaz de responder por cada peso que administra.

Tal vez el verdadero “cuello isabelino” que necesita la República Dominicana no sea una prohibición.

Sea una nueva cultura.

La cultura de no gastar por gastar, no endeudarse por costumbre y no crear instituciones simplemente para aumentar el tamaño del Estado.

Porque cuando una nación aprende a poner límites a sus propios excesos, no está frenando su desarrollo.

Está protegiendo su futuro.


La Pluma Perspicaz


Información que educa,

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